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Infracciones muy graves

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de 500€, excepto las relacionadas con velocidad, las multas por no identificar al conductor, que serán el doble en infracciones origen leves, o del triple en infracciones origen graves o muy graves, y las que se corresponden con la instalación de inhibidores de radar, que serán de 6.000€.


Si un conductor comete en los dos últimos años tres infracciones muy graves, además de la sanción económica correspondiente, se le impondrá la revocación (pérdida definitiva) del permiso o licencia de conducir.


Son infracciones muy graves, cuando no sean constitutivas de delito, las siguientes conductas de acuerdo a la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Art. 65.5.

  • No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos.
  • Circular en un tramo a una velocidad media superior a los límites establecidos reglamentariamente.
  • La conducción por las vías objeto de esta Ley habiendo ingerido bebidas alcohólicas con tasas superiores a las que reglamentariamente se establezcan, y en todo caso, la conducción bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y cualquier otra sustancia de efectos análogos.
  • Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos de someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de posibles intoxicaciones de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas, y la de los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.
  • La conducción temeraria.
  • La circulación en sentido contrario al establecido.
  • Participar en competiciones y carreras de vehículos no autorizadas.
  • Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radar o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico.
  • El exceso de más del 50% en los tiempos de conducción o la minoración en más del 50% en los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre.
  • El incumplimiento por el titular o el arrendatario del vehículo con el que se haya cometido la infracción en la obligación de identificar verazmente al conductor responsable de dicha infracción, cuando sean debidamente requeridos para ello en el plazo establecido. En el supuesto de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor la obligación de identificar se ajustará a las previsiones al respecto del artículo 9 bis.
  • Conducir un vehículo careciendo de la autorización administrativa correspondiente.
  • Circular con un vehículo que carezca de la autorización administrativa correspondiente, o que ésta no sea válida por no cumplir los requisitos exigidos reglamentariamente.
  • Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas que afecten gravemente a la seguridad vial.
  • Participar o colaborar en la colocación o puesta en funcionamiento de elementos que alteren el normal funcionamiento del uso del tacógrafo o del limitador de velocidad.

También son consideradas infracciones muy graves:

  • Realizar en la vía obras sin la autorización correspondiente, así como la retirada, ocultación, alteración o deterioro de la señalización permanente u ocasional.
  • No instalar la señalización de obras o hacerlo incorrectamente, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.
  • Incumplir las normas, reglamentariamente establecidas, que regulan las actividades industriales que afectan de manera directa a la seguridad vial.
  • Instalar inhibidores de radar en los vehículos o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia de tráfico. No con constituirán infracción los sistemas de aviso que informan de la posición de los sistemas de vigilancia del tráfico.
  • Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de enseñanza y formación y de los centros de reconocimiento de conductores autorizados por el Ministerio del Interior o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, que afecten a la cualificación de los profesores o facultativos, al estado de los vehículos utilizados en la enseñanza, o los elementos esenciales que incidan directamente en la seguridad vial.