Finalizado el presupuesto del Plan 2000E destinado a favorecer la renovación del parque automovilístico, podemos hacer un balance de su impacto sobre las ventas, al igual que en las bajas de vehículos realizadas a través de los desguaces. En general ha sido una acción bastante positiva y con muy buena acogida tanto por compradores como por vendedores, pero ha traído consigo diversas polémicas que no se han resuelto tan positivamente.

¿Cómo ha sentado a los usuarios el fin del Plan 200E?

En primer lugar nos encontramos con que debido al retraso de la administración en poner en funcionamiento el programa informático (se puso en marcha el pasado 25 de marzo, con 85 días de retraso) mediante el cual se grababan las operaciones realizadas, han quedado colgadas un gran número de solicitudes, que tras haber sido adelantada la subvención por parte del concesionario, luego han quedado pendientes del cobro por parte del Estado y por parte de las administraciones provinciales, dejando casi un total de 13´9 millones de euros en el aire y en concepto de operaciones no reconocidas, que como consecuencia del colapso y del retraso del sistema informático, han impedido a los asociados grabar 11.880 operaciones por un valor de 5,9 millones de euros con cargo al presupuesto del Ministerio de Industria, y 16.095 operaciones, por un importe de 8 millones de euros, con cargo a las comunidades autónomas.

También existe otra incidencia que hace referencia al tema de la tributación fiscal de estos incentivos, ya que muchos compradores desconocían que al haber recibido las ayudas debían declararlas en la renta, y pagar a hacienda entre 200 y 300 euros por la bonificación recibida. Esto ha dado lugar a una situación en la que los compradores se han sentido mal o poco informados y provocando en ellos una actitud de enfado e indignación.